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Otorgan suspensión provisional a Beltrones



El juzgado tercero de distrito de amparo en materia penal en Ciudad de México otorgó una suspensión provisional al ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, que impide su detención en caso de que las autoridades de Chihuahua hubieran obtenido alguna orden de aprehensión en su contra, por acusaciones realizadas en el fuero común.


De acuerdo con la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en el juicio de amparo 404/2021, Beltrones señaló como autoridad responsable al juez de control Elmer Lerma Fontes, adscrito al distrito judicial Abraham González, del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, con residencia en Ciudad Delicias.


El juez de amparo ordenó que el impartidor de justicia del fuero común rinda un informe previo en las próximas horas, con lo cual debe dar a conocer si el gobierno que encabeza el panista Javier Corral, a través de la Fiscalía General de Justicia, ha solicitado alguna orden de captura en contra del priísta.


El juez Augusto Octavio Mejía Ojeda programó la audiencia incidental para el 10 de junio, donde resolverá si le otorga la suspensión definitiva, o bien desecha la demanda porque se acredite que no existe ningún mandamiento en contra del político sonorense.


El gobierno de Chihuahua ha señalado en diversas ocasiones su intención de imputar la supuesta participación de Manlio Fabio Beltrones en la utilización de recursos públicos en campañas electorales realizadas en 2016, esto durante el mandato de César Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua.


A este respecto, el gobierno de Chihuahua imputó cargos el ex secretario nacional adjunto del PRI, ex diputado federal y ex senador por Coahuila, Alejandro Gutiérrez, por ser presunto responsable del delito de peculado, luego que un testigo protegido lo acusó de participar en el desvío de 250 millones de pesos a campañas de candidatos tricolores.


Sin embargo, el político fue dejado en libertad, luego de que en 2018 la Procuraduría General de la República consideró que las autoridades locales no aportaron pruebas suficientes.

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